Desde hace ya tiempo los ciudadanos venimos sufriendo una ola de privatizaciones que afecta a prestaciones que antes eran públicas y que son tan básicas como el agua, limpieza, transporte, sanidad, educación, vivienda y la ultima de nuestro municipio, la energía.

No es extraño ver en las ciudades empresas, incluso de fuera de la localidad, trabajar en los servicios que usamos día a día en nuestras calles, y en la mayoría de los casos, con personal que no pertenece al municipio. Estas subcontrataciones de importes millonarios, que en buena parte se adjudican a dedo de forma encubierta, finalmente escapan del control municipal y, mucho más, cuando las cesiones se hacen habitualmente por décadas, hipotecando y quedando impuestas a futuros gestores municipales.

Las administraciones nos hacen creer que la gestión privada es más eficiente, pero lo que realmente nos demuestran es que eludir responsabilidades es mucho más cómodo y seguro que trabajar duro por dar un servicio de calidad al ciudadano. Privatizar un servicio público significa reconocer el fracaso de la gestión de la administración pública, por lo que la receta debería ser la dimisión de esos gestores públicos más que la privatización.

A la gestión municipal se le suele achacar que es menos eficiente por la falta de motivación y rendimiento de los empleados públicos frente a los de una empresa privada, pero la privada debe maximizar el beneficio, y al final ese beneficio, sale de lo que pagan los ciudadanos a través de unas tarifas mucho más elevadas.

Desde Podemos Santa Marta, creemos que el sector público debería perseguir la protección social, una distribución equitativa de la riqueza de los municipios y, lo más importante en los tiempos que corren, un empleo que garantice los derechos salariales, laborales y sociales, en contraposición de lo privado, que busca la rentabilidad, la eficacia y la competitividad desde el interés empresarial.

Por ello estamos a favor del mantenimiento y mejora de los servicios públicos y sociales universales y de calidad bajo gestión pública, lo que se consigue recuperando los servicios externalizados y/o privatizados. Debemos garantizar un acceso objetivo y transparente al empleo público, con unas condiciones laborales, sociales y económicas dignas, erradicando la precariedad laboral en los servicios que estas empresas prestan con fines públicos.